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Analizan estado de prevención en San Marcos

(AGN).- El vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera Franco, dijo hoy que el Ejecutivo analiza declarar estado de prevención en los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, en el suroccidental departamento de San Marcos, para evitar la histórica conflictividad que estos dos municipios mantienen por límite de tierras.

“Se está analizando este estado de prevención para evitar que siga esa confrontación, y lo que pretendemos es frenar el uso de las armas que tienen los dos grupos para que no siga la debacle entre las dos poblaciones”, comentó el vicemandatario.

Agregó que se estableció la necesidad de entablar un diálogo abierto y se está dando un compás de espera hasta el próximo lunes para propiciar una reunión que permita resolver la problemática. De lo contrario entraría en vigencia el estado de prevención.

El pasado miércoles se registró un nuevo enfrentamiento entre comuneros de Villa Real (Tajumulco) y de Tuichán (Ixchiguán), donde resultó herido el alcalde de Tajumulco, Erasmo Ismael Ramos, y fue muerto a tiros un miembro de la comunidad El Milagro, identificado como Ismael Chávez.

Luego de los enfrentamientos entre pobladores de las dos comunidades, se hicieron presentes efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército, quienes realizan patrullajes en prevención de nuevos incidentes.

¿Qué es el estado de prevención?
El estado de prevención en Guatemala es la primera de las situaciones especiales contempladas en la Ley de Orden Público. El artículo 138 de la Constitución Política de Guatemala es el que autoriza al Presidente de Guatemala decretar el estado antes mencionado.

Entre las medidas que puede tomar el Poder Ejecutivo se encuentran la militarización de servicios públicos, fijar las condiciones bajo las cuales pueden ejercerse los derechos de huelga o paro o prohibirlos e impedirlos cuando tengan finalidades políticas.

Además, limitar la celebración de reuniones al aire libre o manifestaciones públicas, disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se llevaran a cabo sin la debida autorización.

Y, por último, exigir a los órganos de publicidad o difusión que eviten todas aquellas publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del orden público.

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